QUE PUEDE HACER EL GOBIERNO EN FUNCIONES?

Realmente nadie lo sabe y, o mucho me equivoco o próximamente (siempre que se consiga un nuevo gobierno), asistiremos a iniciativas para regular la situación de interinidad que se plantea ahora mismo en el panorama político nacional. La discusión generada con ocasión de la postura que debe adoptar el gobierno en asuntos europeos –si debe o no dar cuenta la Parlamento ya constituido como único órgano investido de poder legítimo tras las elecciones- está sobre la mesa, y augura fricciones institucionales derivadas precisamente de posiciones jurídicamente dispares basadas sobre elucubraciones más o menos interesadas o partidistas, pero que no disponen de respaldo normativo.

Lo que sí parece claro es lo que no puede hacer el gobierno en funciones. Según la Ley del Gobierno –ya muy mayor- 50/1997, de 27 de Noviembre y que establece esencialmente que no podrá presentar proyectos de Ley, ni plantear cuestión de confianza, ni disolver las Cortes, ni plantear referéndum consultivo, ni aprobar presupuestos. Es decir, no podrá dar sesgo de carácter político a su actuación, pero si continuar con lo que puede entenderse “la gestión diaria” de dirigir el país.

Aunque hasta ahora ésta era una cuestión en la que no se había reparado, por la simple razón de que nunca se había producido, lo bien cierto es que la relación de confianza de que disponía el gobierno para ejercer sus funciones plenas se quebró desde el mismo momento de su cese con ocasión de la celebración de elecciones generales, pero no es menos cierto que se pueden plantear cuestiones de urgencia o trascendencia que sea necesario abordar, aún en funciones, por cuanto la realidad política desborda cualquier previsión, en una sociedad cambiante inserta en un mundo donde ya nada parece ser previsible: baste ver los atentados terroristas producidos el mismo día en que se redacta éste artículo, que obligarán a actuar en política de seguridad.

De ésta forma, siendo cierto que no parece necesario legislar por legislar, si parece conveniente regular en el futuro que facultades deberá tener un gobierno en funciones, porque según van las cosas no parece que en el corto plazo el país consiga dotarse de un Gobierno con todas las facultades legales.